Se busca actualizar la legislación colombiana contra la trata de personas, reformando diversos artículos de la Ley 985 de 2005 y del Código Penal. Las modificaciones están orientadas a fortalecer los principios, ampliar la definición de explotación, agravar las penas, mejorar las estrategias de prevención y asistencia a víctimas, y reforzar la institucionalidad mediante el fortalecimiento del Comité Interinstitucional y el Sistema Nacional de Información. Además, introduce artículos nuevos para fomentar la participación ciudadana y la financiación de acciones contra este delito.

¿Qué se propone? Se propone reformar más de quince artículos de la Ley 985 de 2005 y del Código Penal para adecuarlos a las realidades actuales, especialmente frente al uso de medios digitales en la comisión del delito. Se contemplan medidas como la creación de fondos distritales, la inclusión ciudadana en la formulación de políticas públicas, la promoción de veedurías, beneficios tributarios a empresas que apoyen víctimas, la imprescriptibilidad del delito cuando involucre menores, y una política pública de inclusión laboral para víctimas, entre otras acciones.

¿Por qué es importante? Esta iniciativa es clave para enfrentar de manera efectiva la trata de personas en el contexto actual, donde las plataformas digitales se han convertido en un medio para la captación y explotación de víctimas. La actualización normativa permitirá una mayor protección de los derechos humanos, una mejor atención a las víctimas y una respuesta más contundente por parte del Estado. También refuerza el enfoque interinstitucional y participativo en la lucha contra este delito.

¿Qué más debo conocer? El proyecto recibió concepto favorable de la Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata de Personas, con recomendaciones como crear un registro único de víctimas y otorgar beneficios a empresas que colaboren en la atención. También se plantea la necesidad de realizar mesas de trabajo con el Comité Interinstitucional para enriquecer la propuesta legislativa. Es importante anotar que los conceptos emitidos no tienen carácter vinculante, según lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1755 de 2015.