Establece un marco jurídico específico para el reconocimiento, respeto, garantía, prevención, promoción y protección del derecho a defender derechos humanos, así como para proteger a las personas y organizaciones que ejercen esa labor, en cumplimiento de la Constitución y tratados internacionales.

¿Qué propone el proyecto?  Reconocer legalmente el derecho a defender los derechos humanos, estableciendo obligaciones claras para que el Estado garantice, prevenga, respete y proteja esta labor. Además, busca tipificar y sancionar conductas como amenazas, estigmatización, persecución u obstáculos contra defensores, promover una política pública integral de protección, e introducir ajustes penales que refuercen la investigación y sanción de agresiones contra quienes ejercen esta labor, tanto a título individual como colectivo.

¿Qué sanciones o penas se esperan? Introducir sanciones penales nuevas, lo que implica impactos importantes en la política criminal. Esto requiere un análisis técnico riguroso para no afectar principios fundamentales como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y la proporcionalidad de las penas.

¿Qué más debes saber? El proyecto no solo busca protege a individuos, sino también a procesos organizativos y comunitarios, reconociendo formas colectivas de defensa de derechos que son frecuentes en contextos rurales, indígenas y sociales.