Se busca establecer un procedimiento claro y garantista para la imposición de multas por inasistencia injustificada a las asambleas generales en propiedades horizontales. Actualmente, se presentan abusos por parte de algunas administraciones que imponen sanciones sin respetar el debido proceso, lo que afecta económicamente a los copropietarios. La iniciativa parte del principio de proteger los derechos fundamentales de los propietarios, garantizando su derecho a la defensa, contradicción e impugnación antes de cualquier sanción.

¿Qué se propone? Se propone modificar la Ley 675 de 2001 para incluir un procedimiento específico que regule la imposición de sanciones por inasistencia a las asambleas generales. Este procedimiento debe respetar principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y asegurar el derecho al debido proceso de los copropietarios, incluyendo la notificación adecuada, posibilidad de defensa, valoración de pruebas, y alternativas previas antes de aplicar multas.

¿Por qué es importante? Es fundamental porque fortalece la participación democrática dentro de las copropiedades y evita sanciones desproporcionadas que pueden afectar injustamente a los propietarios. Establecer reglas claras reduce los conflictos internos y promueve la transparencia y legitimidad en las decisiones de los órganos administrativos de la propiedad horizontal. Además, protege derechos fundamentales consagrados en la Constitución como el debido proceso.

Qué más debo saber? La Corte Constitucional ha reiterado en sentencias como la C-318 de 2002 que cualquier sanción impuesta en el marco de la propiedad horizontal debe respetar el debido proceso, incluso cuando se impongan a moradores que no sean propietarios. El proyecto también impulsa el uso de mecanismos como la participación virtual y los poderes delegados para facilitar la asistencia a las asambleas. Además, promueve medidas correctivas previas antes de acudir a sanciones económicas.